[Nettime-bold] [Boletín] VENEZUELA - Política Urgente Boletín nº 2

Señala Miguel Salazar* en su más reciente columna del semanario independiente de circulación nacional Quinto Día: ”Hace unas semanas les informé de las reuniones clandestinas celebradas en una hacienda mirandina, a la que asisten, entre otros, Carlos Ortega, Pablo Medina y Arnaldo Arocha. Pues bien, todo el proyecto para llegar al derrocamiento de Chávez, se ha ido cumpliendo en cada una de sus fases. Aun cuando públicamente se anuncia una salida constitucional, la rueda insurreccional ha echado a andar y sólo esperan combinar la huelga general y un levantamiento militar, para ello cuentan con un alto jefe castrense” (Edición de 8 al 15.03.02).

Por los momentos, han fracasado los intentos de algunos sectores políticos y empresariales de forjar, en alianza con militares aislados, un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Fracasaron por dos razones básicas, que constituyen dos pilares fundamentales del proceso político: el pueblo organizado, que a través de movilizaciones ratificó un alto nivel de respaldo al gobierno y las transformaciones que dirige; y el compromiso de muchos militares, de mantener la institucionalidad (algunos) y de profundizar los cambios sociales emprendidos (otros). Sin embargo, los conspiradores no se han quedado de brazos cruzados; han levantado una nueva estrategia, nacida en Washington, al calor de la negociación entre Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los diferentes actores políticos que le abrieron las puertas en los Estados Unidos (congresistas republicanos, directores de la CIA, Departamento de Estado) Le permitieron incluso que se fotografiara en sendas reuniones; con respecto al "caso Venezuela", la más alta conspiración puede ser pública.

Cabe destacar que la CTV, central obrera encabezada ilegítimamente por un miembro de Acción Democrática (AD) y dirigida a distancia por el nefasto Carlos Andrés Pérez (CAP), es uno de los últimos reductos que quedan de los viejos partidos populistas. Por medio del clientelismo, han logrado mantener representatividad, básicamente en la empresa pública, gracias al otorgamiento de puestos de empleo y dádivas. La actual dirigencia de la CTV es producto del ensayo frustrado de democratización sindical del año pasado, y se “relegitimó” en elecciones abiertamente fraudulentas, aupadas por los partidos de la derecha y la sociedad civil reaccionaria. A su vez, es la institución venezolana que posee el mayor rechazo en la población, sobre todo después de que, a finales del régimen anterior, pactaran con el empresariado y el gobierno neoliberal de Caldera la muerte de las prestaciones sociales y de un cúmulo importante de reivindicaciones laborales.

Lo cierto es que apenas puso un pie en el país, Carlos Ortega sentenció la supuestamente definitiva transición hacia un nuevo régimen, esta vez no llamando a un golpe de estado, sino promoviendo una serie de huelgas en los sindicatos donde la oposición tiene fuerza. Esta cadena de huelgas parciales pretenden terminar en una "huelga general indefinida" pautada para finales de marzo. Comenzaron los altos gerentes de la petrolera estatal (PDVSA), pidiendo la renuncia de Chávez y manifestando su incomodidad por "la destrucción de la meritocracia", bandera de lucha de los tecnócratas que proponen la privatización (ver más adelante) Siguieron parte de los maestros de escuela: "queremos más beneficios aunque aún no sepamos cuales". La patronal, solidaria como siempre, sentenció: cualquier trabajador que quiera ir a huelgas o marchas de la oposición tendrá el día libre.

El pacto entre la CTV, la cúpula empresarial y los sectores reaccionarios se radicalizó a su vez en un supuesto "acuerdo de gobernabilidad”, que estos sectores, junto a la Conferencia Episcopal, han presentado al país en cadena nacional propiciada por los medios de comunicación. Según dicen, este pacto permite negociar frente a actores internos y externos un "nuevo gobierno de transición" que propiciará, en la nueva era "poschavista", unas nuevas elecciones (ver más adelante).

Frente a este "pacto de la oscuridad", comienzan a responder los grupos de trabajadores de izquierda y bolivarianos. A la sublevación de los altos gerentes se ha respondido con movilizaciones de trabajadores petroleros. Diversos sectores progresistas se han pronunciado contra el pacto conspirativo y ya se llama a todos los sectores anti-derecha a preparar la resistencia contra un paro nacional desestabilizador. En el ámbito internacional, el pacto ha sido denunciado, entre otros, por el Partido de los Trabajadores de Brasil, uno de cuyos diputados ha introducido en el Parlamento brasileño un documento que llama a pronunciarse públicamente contra la conspiración emprendida en Venezuela.

2. 27 de Febrero: a trece años de la masacre

El 27 de febrero pasado, centenares de miles de personas participaron en una multitudinaria manifestación en conmemoración de los trágicos sucesos, conocidos como el caracazo, que hace 13 años conmovieron a todo el país. Habitantes de barrios populares, miembros de organizaciones comunitarias y partidos de izquierda, estudiantes y otros sectores comprometidos asistieron, junto con representantes del gobierno, a esta marcha que atravesó la ciudad de Caracas, condenando la masacre ordenada por CAP (entonces presidente), cuyo saldo de víctimas fatales es aún incierto. Pero junto a la condena a la cruenta represión (y el grito de “nunca más”) se reivindicó el espíritu de lucha del pueblo venezolano que en aquella fecha se rebeló contra las élites políticas y la pobreza a la que estaba siendo condenado por las políticas neoliberales. En el discurso que cerró la jornada, el presidente Chávez pidió a los asistentes un minuto de silencio en honor a los muertos y – a diferencia de otros jefes de gobierno que siempre condenaron y criminalizaron esa protesta –, reivindicó la fecha como inicio del despertar del pueblo venezolano contra la miseria y la exclusión.

Paralelamente, la CTV (cuyo presidente es miembro del partido de gobierno responsable de la masacre) convocó a otra manifestación con reivindicaciones laborales. La convocatoria fue respaldada por la máxima patronal, FEDECAMARAS, y por otros personajes políticos e instituciones sociales. Al final de la marcha, que congregó a decenas de miles de personas, el líder sindical Carlos Ortega aprovechó para anunciar una huelga general para mediados del mes de marzo, tal como se lo indicó CAP en una conversación telefónica donde le instruía sobre los pasos a seguir en este sentido (la grabación de esta conversación circuló ampliamente en los medios)

En una nueva demostración de cinismo, aquellos que participaron o fueron cómplices de la brutal represión que se ejerció contra el pueblo (y que jamás reivindicaron esa protesta) aprovechan el momento para hacer proselitismo, y continuar su campaña de desestabilización en contra de un gobierno que es respaldado por las grandes mayorías. Sin embargo, lo hacen atentando contra la memoria colectiva, pero el pueblo no olvida a sus hermanos caídos ni a los culpables de la masacre. No olvida sobre todo, que aquellos que ayer ordenaron la ejecución de miles de personas en las calles, son los que hoy lideran la conspiración en contra del gobierno del Presidente Chávez.

El proceso político actual ha impulsado una profunda reorganización y redistribución del poder político hacia las mayorías populares y sus espacios de articulación, propiciando un protagonismo progresivo del movimiento popular y de las organizaciones comunitarias en la agenda pública. Se ha creado así un escenario totalmente nuevo, que no necesariamente gusta a todos los sectores progresistas en cuanto a íconos, tendencias, discurso y resultados. Sin embargo, arroja una ocasión única para el desarrollo de las posibilidades hacia la transformación social y la democratización progresiva de la sociedad venezolana.

Democratización del poder. Los efectos potenciadores del discurso gubernamental y un número relevante de acciones de promoción han sido los catalizadores de este avance, que tiene en la organización, movilización y conciencia social de las organizaciones sociales y políticas populares su motor fundamental. La efectiva profundización de ese protagonismo desecha toda posibilidad de calificar al actual proceso como un simple fenómeno de populismo, y representa una de las claves fundamentales para entender la naturaleza de la reacción contra el proceso, y su capacidad de calar en los sectores medios conservadores.

Dignificación de los sectores populares. Las cifras de pobreza en Venezuela oscilan según las fuentes entre el 70% y el 80% de pobreza. La inmensa presión social que esa desigualdad genera ha sido contenida por gobiernos anteriores a través de represión controlada, clientelismo partidista y programas compensatorios. Con el actual gobierno, esas políticas de contención de las contradicciones sociales cesaron y se restituyó la dignidad de todos los venezolanos por igual, independientemente de su condición social, favoreciendo así las posibilidades para una conciencia de derecho y participación entre los sectores excluidos.

Libertad de asociación y participación política. La respuesta permanente del poder político venezolano frente a la organización autónoma popular ha sido la persecución, la represión y el control. En la actualidad, el fin de la sistemática criminalización de los movimientos sociales ha dado lugar a un clima de libertad política en igualdad de condiciones, inédito en la historia reciente del país, generándose nuevas condiciones para el libre desarrollo de las iniciativas del movimiento popular.

Participación de las comunidades. El proceso ha abierto espacios de participación política del movimiento popular autónoma y desde el gobierno impensables en escenarios anteriores, en que el paternalismo de los cuadros “cualificados” diseñaba las políticas para la exclusión y el control de las contradicciones. En el escenario actual, hay una orientación variada y contradictoria de políticas, con facilidades y obstáculos por áreas o localidades. Sin embargo, la presencia de sectores de izquierda en órganos del poder nacional, regional y local, así como el desarrollo de iniciativas de transferencia de poder público y de promoción de la organización popular, propician múltiples escenarios para la participación de las mayorías en la toma de decisiones y en el desarrollo de iniciativas de gestión popular desde lo público.

La arremetida de la reacción en los últimos meses produjo una suerte de implosión anunciada de las posibilidades del MVR (partido de gobierno) como conductor del proceso, abriéndose nuevos espacios que estaban siendo recortados por la iniciativa de éste. En el escenario de la confrontación, la organización popular emerge con renovada fuerza y autonomía, en defensa de un proceso que constituye un escenario único para una democracia radical progresiva. Esta situación ha sido entendida por dicha la organización y por el Presidente, que han cambiado de estrategia en lo relativo al control del proceso. En todo caso, el avance hacia las condiciones para una mayor democratización de la sociedad, la emergencia de nuevos sujetos de derechos en el escenario del poder público y una política de derechos humanos afirmativa, son elementos que fundamentan el apoyo al proceso de todos los sectores progresistas del país.

En 1958, apenas derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el partido socialdemócrata AD, el socialcristiano COPEI y la Unión Republicana Democrática (URD) suscriben un acuerdo de gobernabilidad conocido como Pacto de Puntofijo (nombre de la casa en que se firmó). Este pacto no solo excluyó al Partido Comunista de Venezuela (PCV) – el partido más activo en la lucha contra la dictadura perezjimenista – sino que sirvió de base para su inmediata ilegalización por parte del nuevo gobierno y para la política de represión y persecución aplicada a la izquierda militante durante los 40 años siguientes. El resto de la historia se lee en los índices de pobreza, desigualdad, analfabetismo, marginalidad, desnutrición, corrupción y violaciones a los derechos humanos que arrojó la alianza AD–COPEI, hasta que fueron desalojados del poder por una abrumadora votación popular a finales de 1998.

El pasado 5 de marzo, los dos pivotes del régimen puntofijista, la CTV y FEDECAMARAS, con el “aval moral” de la cúpula eclesiástica, han suscrito un nuevo acuerdo en la quinta La Esmeralda que – fieles a sus hábitos y costumbres – han denominado “pacto de gobernabilidad”. En él se recoge la intención de estos factores de desconocer al gobierno y legislatura legítimos, y conformar una alianza encaminada a la construcción de un acuerdo nacional de elites, para una supuesta “transición” que dé “garantías” de estabilidad a un nuevo régimen. Esta estrategia responde a la necesidad de pintar un escenario “legítimo”, tras las declaraciones del gobierno Bush de que no aceptará salidas de fuerza a la situación del país. Es de destacar que Carlos Ortega ha presentado la cara más beligerante en sus declaraciones públicas, cerrando totalmente la puerta al diálogo con Chávez, frente a una posición más moderada de FEDECAMARAS y la Iglesia.

En todo caso, FEDECAMARAS, la CTV y la Conferencia Episcopal vienen jugando un papel crucial en la agitación y promoción del clima de inestabilidad propicio para el tan arengado golpe de Estado. Desde el pasado 10 de diciembre, fecha del paro nacional empresarial al cual se plegó la CTV, la central obrera adeca y los grandes capitalistas han estado en conversaciones preparatorias de la agenda conflictiva que busca crear las condiciones sociales idóneas para la asonada militar, incluyendo la convocatoria a la huelga general.

Este nuevo pacto es la expresión más nítida de la arrogancia del dinero y el talante antidemocrático de sus principales actores, que se empeñan en derrocar a un gobierno legítimo y popular para restaurar el viejo orden autoritario y complaciente con los intereses privados nacionales y foráneos. A esta insólita alianza entre patrones, central obrera e iglesia, Hugo Chávez ha contestado: “No volverán los pactos de cúpulas a Venezuela”; acotó que aquí ya hubo un acuerdo democrático sin precedentes en el país, “no un pacto de elites, sino un contrato social, cuyo resultado es la Constitución, esta que algunos todavía no terminan de aceptar”.

El sector gerencial y sindical, declarado en rebeldía ante el nombramiento por parte del Ejecutivo de la nueva junta directiva de PDVSA, levanta como consignas el respeto de la meritocracia y el rechazo al supuesto sesgo político e ideológico que, según ellos, se le pretende imprimir a la empresa. Sin embargo, más allá del carácter publicitario y mediático de estas consignas, se esconden un cúmulo de razones políticas que son, en última instancia, las causas reales del conflicto.

En primer lugar, la gerencia en conflicto representa un sector que ha hecho carrera en torno a las perspectiva neoliberal instaurada por Luís Giusti (ex-presidente de PDVSA, asesor hoy del Departamento de Energía Norteamericano) Lo que ellos llaman "politización" no es más que el cumplimiento del deber constitucional por parte del gobierno de orientar la gestión hacia la garantía del funcionamiento óptimo de la empresa, conservando a su vez su carácter estatal y su centralidad en la economía nacional. Deber constitucional que frenó la estrategia privatizadora emprendida durante la década pasada, en la cual los gerentes en cuestión fueron fichas claves.

En segundo lugar, el ala sindical que respalda el conflicto responde a los intereses de la CTV, cuya misión es desestabilizar a lo interno la industria petrolera, como ya lo está haciendo en el sector salud y educación, en preparación a un llamado a huelga general que busca acabar con el proceso. Al margen de éstos actores, la gran masa de trabajadores no se siente representada por sus supuestos voceros. Grupos de obreros y empleados han hecho ya manifestaciones en respaldo a los cambios suscitados en la empresa.

En resumen: el conflicto de PDVSA es un conflicto de índole política. Dos sectores aliados para conservar sus intereses mezquinos, enfrentados al interés nacional garantizado por la Constitución de la República y que el gobierno nacional está obligado a defender.

Durante la última semana de febrero, apareció publicada en un medio venezolano (www.analítica.com) una supuesta entrevista realizada por el mexicano Emiliano Payares a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. En ella, Ramonet supuestamente cuestionaba al presidente Hugo Chávez y al proceso nacional, acusándolo de haber caído en el populismo. El diario El Nacional -periódico clave en la estrategia mediática de oposición al gobierno- publicó en primera plana en su edición del domingo (03.03.2002): Se desmarca del primer mandatario. Ignacio Ramonet: "Chávez lo está haciendo realmente mal".

De manera inmediata, el periodista francés desmintió categóricamente esta entrevista: “Este es un caso de superchería mediática total [...] Estamos ante un embustero que se ha burlado de usted y de sus lectores y que ha construido una falsa entrevista, totalmente imaginaria. Existen leyes, además de las éticas, que condenan tal comportamiento irresponsable y delictivo” (Carta a Miguel Henrique Otero, director de El Nacional). Asimismo, en carta al ViceMinistro de Cultura, Manuel Espinoza, afirmó: "se trata ni más ni menos que de una mentira utilizada de manera burda para intensificar la campaña de manipulación e intoxicación mediática contra la política del presidente Chávez”. Desmintió radicalmente “toda pretendida declaración mía que vaya en contra de mis últimas declaraciones públicas en favor del comandante Chávez y de su política, efectuadas por mi [...] el otoño pasado y ampliamente difundidas. No he cambiado de opinión. Le ruego transmita usted al presidente Chávez mi testimonio de solidaridad y de amistad" (Carta al).

Emiliano Payares, el supuesto entrevistador, envió una comunicación al sitio web que publicó inicialmente la falsa entrevista, alegando: "He enviado una entrevista totalmente inventada [...] con la ilusión de ser sometida a un riguroso estudio sobre su autenticidad. Como me lo temía, y lamentando lo delicado de la situación [...] la prueba nunca fue realizada". Por su parte, El Nacional, desenmascarado en su precariedad profesional y en la intencionalidad política de su tribuna, facilitó un derecho a réplica de modo a todas luces insuficiente.

VENEZUELA – política urgente es una iniciativa de contrainformación de la Plataforma por la Democracia Radical, una de tantas iniciativas de la izquierda crítica que se han gestado en los últimos meses en el país ante la acometida de la derecha y su pretensión de derrotar el proyecto de transformación social que se sucede en el país, así como para promover la profundización de los cambios.