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De El País:
http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=20020612&xref=20020612elpepiint_11
&type=Tes&anchor=elpepiint

Blair quiere que ayuntamientos y ministerios puedan espiar los correos
electrónicos

Los organismos públicos podrán actuar sin orden judicial


WALTER OPPENHEIMER | Londres
El Gobierno de Tony Blair quiere extender al núcleo de la Administración
pública, incluidos ministerios, ayuntamientos y diversos servicios públicos,
el derecho a rastrear el correo electrónico, las llamadas telefónicas y los
lugares en que se ha utilizado el móvil, sin orden judicial. La propuesta,
que ha indignado a los defensores de los derechos civiles, puede entrar en
vigor en agosto próximo si recibe el apoyo de un comité técnico del
Parlamento, que no la discutirá en el pleno de la Cámara.
El duro ministro del Interior, David Blunkett, justifica tan drástica medida
en la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia en general.
Lo más sorprendente es que ya desde hace dos años la policía, los servicios
secretos, aduanas y Hacienda podían hacer ese rastreo sin permiso judicial.
Ahora, ese mecanismo de lucha antiterrorista se extiende a siete ministerios
(incluidos los de Agricultura o Sanidad, por ejemplo), todas las
corporaciones locales y una decena de agencias del Gobierno, como la de
Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria o Servicios Postales, según informaba
ayer el diario The Guardian.
Los funcionarios de un determinado nivel podrán exigir a las compañías de
teléfonos, proveedores de Internet y operadores postales información
detallada sobre sus clientes. Entre esa información se incluye el nombre y
dirección, llamadas telefónicas realizadas y recibidas, identificación de
las páginas visitadas en Internet y localización geográfica de las llamadas
de móviles, lo que permite saber dónde ha estado una persona con un error de
unos cientos de metros.
Las compañías proveedoras de servicios estarán obligadas a entregar el
listado de esas comunicaciones, pero no podrán revelar el contenido de las
conversaciones o el correo.
La medida puede entrar en vigor en agosto próximo modificando la ley de 2000
que regula los poderes de investigación. Para ello no se necesita el apoyo
del pleno del Parlamento: basta el visto bueno de un comité parlamentario
especializado.
El Gobierno asegura que la medida es necesaria para luchar contra el
terrorismo y el crimen en un mundo que utiliza cada vez más esos medios de
comunicación, lo que incluye la salvaguardia de la seguridad nacional,
prevención o detección del crimen, salud pública, cobro de impuestos y
cualquier otro propósito especificado en una orden por el Ministerio del
Interior.
Ataque a la privacidad
El diario The Guardian, profundamente cercano al laborismo pero siempre
crítico con las decisiones del Gobierno de Blair que a su juicio atentan
contra las libertades, hace un llamamiento para paralizar la propuesta en un
durísimo editorial titulado 'Las libertades británicas, RIP'. El diario
afirma que se trata de 'una burla al derecho a la privacidad que se supone
que la Ley de Derechos Humanos tiene que proteger'. La medida 'no va a
ayudar a capturar terroristas pero va a aumentar la sospecha pública y la
desconfianza hacia los servicios de seguridad y la policía'.
Simon Davies, director de la organización de defensa de derechos civiles
Privacy, denunció que 'el Ministerio del Interior ha roto su compromiso de
que esta ley no se convertiría en un poder generalizado de vigilancia al
servicio del Gobierno'. 'La exhaustiva lista de organismos que podrán
acceder a los datos sin una orden judicial prueba que estamos ante un ataque
sistemático del derecho a la privacidad'.
Bob Satchwell, director de la Sociedad de Editores de Diarios, advirtió ayer
de los peligros que se derivan también para la prensa de la propuesta. 'Es
muy diferente que las autoridades tengan que ir al juez para lograr esa
información, porque los editores tienen confianza en un juez que tenga en
cuenta el interés público del periodismo de investigación'.



El 'halcón' del laborismo
Rastrear el correo electrónico y los teléfonos no son las primeras
propuestas controvertidas del ministro del Interior, David Blunkett, un
halcón que quiere ser el primer invidente que llega a primer ministro.
Blunkett, que goza de gran popularidad y del respeto de los medios, logró el
año pasado ampliar los poderes de la policía en materia antiterrorista. Ayer
empezó a debatirse en el Parlamento su penúltima propuesta: expulsar de
inmediato a los refugiados a los que se niegue el derecho de asilo, sin
permitirles apelar y segregar a los hijos pequeños de los demandantes de
asilo para que estudien en campos de refugiados en lugar de en la escuela
convencional. Su política de asilo ha indignado a la izquierda. Bill Morris,
líder del principal sindicato británico, le lanzó ayer una seria advertencia
en las páginas del diario The Independent. 'Señor Blunkett, créame: está
usted equivocado', escribe. 'Estamos ante una ruptura de la honorable
tradición de asilo de este país'.




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